La Consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha mantenido un encuentro con personas afectadas por la adicción al juego y también con familiares de éstas en la sede de Aralar, la Asociación de ayuda y prevención de la ludopatía.
En el encuentro, los participantes han compartido sus experiencias, exponiendo las consecuencias negativas que los juegos de azar tienen para muchas personas.
“Queremos que se conozca por si sirve para que otras personas no pasen por lo mismo”, han indicado. Asimismo, han tomado la palabra personas que tras su proceso de rehabilitación “han recuperado las riendas de su vida”. “El proceso es duro pero merece la pena”, explica una de ellas.
Por su parte, la consejera López ha asegurado que el trabajo en torno al juego es una línea estratégica de las acciones que lleva a cabo el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia y, por ello, se ha desarrollado el Reglamento General de los Juegos y Apuestas, que está enfocado fundamentalmente a la “protección de los colectivos vulnerables y menores y al establecimiento de medidas que reduzcan los riesgos de adicción y exposición, disminuyan la accesibilidad y actúen sobre los factores de protección desde la educación y sensibilización social”.
A lo largo del encuentro, los asistentes han coincidido en que el control de acceso a los locales “es una medida fundamental, a través de reconocimiento facial o DNI electrónico, o un sistema en el que sea necesario crear una cuenta o ficha e identificarse para poder jugar, tanto online como presencial”.
Nuevo Reglamento del Juego de Navarra
El Gobierno de Navarra ha elevado al Consejo de Navarra el proyecto de decreto foral por el que se aprueba el Reglamento General de Juegos y Apuestas de la Comunidad Foral de Navarra, y está a la espera de que éste emita su preceptivo informe.
El nuevo reglamento persigue prevenir los riesgos de adicción y ludopatías, así como el acceso al juego de menores y grupos de riesgo. Contempla medidas como el control de acceso a los locales de juego o la denegación de autorizaciones para instalar este tipo de establecimientos a menos de 400 metros de centros educativos, centros oficiales para la rehabilitación de personas jugadoras patológicas, centros residenciales de personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, centros sanitarios, deportivos, culturales y recreativos y casas de la juventud.
